La Junta busca que «bajo ningún concepto se sobreexplote el recurso natural».

Uno de los principales objetivos de la futura Ley de Pesca de Castilla y León será el de consolidar a este territorio como destino turístico nacional e internacional para los aficionados a la pesca deportiva, para la que se pretende encontrar una fórmula de aprovechamiento sostenible de los ríos.

El propósito de la Junta de Castilla y León es que «bajo ningún concepto se sobreexplote el recurso natural y se cuide el valor de las especies», aunque mantiene que esto puede ser compatible con un aprovechamiento del «valor social y económico» de un recurso como la pesca, «tan valioso» para el medio rural.

La reunión del Consejo de Gobierno celebrada sirvió para que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente informe del anteproyecto de ley de Pesca, que la Administración autonómica espera presentar para su tramitación como proyecto de ley en las Cortes durante el próximo verano.

Con una red fluvial que alcanza los 7.200 kilómetros y una «buena parte» de ellos considerados como tramos trucheros, Castilla y León tiene una normativa de pesca que data de 1992, por lo que la Administración autonómica considera que es necesario adaptar la normativa a las nuevas circunstancias, ya que el número de pescadores con licencia ha pasado de 120.000 a cerca de 200.000 en los últimos años.

La presentación de este anteproyecto equivale a los «primeros pasos» para una futura ley, que pretende reconocer la «trascendencia social y económica muy importante», al constituir «una de las principales actividades de ocio en la naturaleza».

El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, remarca que este territorio cuenta con la «mayor riqueza de pesca continental y con los ríos trucheros más apreciados de toda España», asegura.

«La trucha común será especie de interés preferente»

En Castilla y León existen 147 cotos de pesca, 103 tramos libres sin muerte y 23 escenarios deportivos sociales de pesca.

De Santiago-Juárez destaca que el documento se ha sometido a un «amplio» proceso de información pública, en el que se han recibido aportaciones de asociaciones de pescadores, asociaciones conservacionistas, colegios profesionales, entidades locales, agentes medioambientales, sindicatos y ciudadanos a título individual.

El documento, pendiente de las correcciones definitivas, considerará la trucha común como «especie de interés preferente, dado su especial valor ecológico y deportivo», por lo que su pesca «se ajustará al conocimiento del volumen de sus poblaciones».

Además, se potenciará la pesca sin muerte como una herramienta para garantizar la conservación de las valiosas poblaciones de trucha autóctona, aunque se establecerán normas para respetar «otras formas tradicionales de pesca muy arraigadas» en el medio rural.